¿Para cuándo programas de empleo eficaces para mujeres víctimas de violencia de género?

      La entrada que hoy comparto en el blog, trae causa de la clebración del Día Internacional contra la Violencia de Genero que se celebró el pasado 25 de noviembre. Un día antes, la Comisión Europea publicó una Declaración que, bajo el nombre de "Basta de violencia contra las mujeres", nos hizo tomar conciencia de que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual y que el 80%de las víctimas de la Unión Europea son mujeres. Como no podía ser de otra forma, la Comisión insiste en que, para eliminar la violencia, debe mejorarse la educación, la legislación y las normas sociales. 

     Un cambio en la legislación es sin duda, uno de las vías más eficaces de actuanción en este sentido. A nivel europeo se está incidiendo en este sentido, con diversas medidas propuestas por la Comisión, tales como la propuesta de adhesión de la UE al Convenio de Estambul del Consejo de Europa o la Iniciativa Spotlight, conjuntamente con las Naciones Unida, que pretende erradicar la violencia familiar y doméstica, así como la violencia sexual y de género, entre otras.

     Pero los Gobiernos nacionales también tienen un papel importante que jugar en el cambio de paradigma; entre permitir la violencia y perseguirla; entre lamentar las muertes y implementar medidas y políticas que impidan que lleguen a producirse. Desde mi punto de vista, la política de empleo puede ser una buen instrumento para iniciar un cambio, en la medida en que el empleo favorece la inserción de las mujeres víctimas de violencia de género en la sociedad y les da la fuerza y la independencia para huir de sus maltratadores.

    Esta idea es, precisamente, el eje del artículo que pronto verá la luz en la Revista de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Nº. 131, y que aborda uno de los aspectos que menos visibilidad tiene en la opinión pública cuando hablamos de violencia de género y que, desde mi punto de vista, puede ser uno de los pilares para la erradicación de esta lacra de nuestra sociedad: las políticas públicas de inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género.

     Bajo el Título "Políticas públicas para la inserción laboral y mejora de la empleabilidad de las mujeres víctimas de violencia de género", reflexiono sobre la escasez e ineficacia de las políticas públicas para erradicar esta lacra social y cómo desde las políticas de empleo se puede ayudar a insertar laboralmente a estas mujeres como vía de escape de la situación en la que se encuentran.
      Os dejo el resumen del mismo, a la espera de poder ofreceros el texto completo. Espero que sea de vuestro agrado.

"Resumen: Tras varias décadas de movilizaciones y de medidas públicas nacionales e internacionales adoptadas a nivel internacional, la violencia ejercida contra las mujeres sigue siendo un problema generalizado que afecta a todos los Estados. Entendida como una violación grave de los derechos humanos, que viola y menoscaba o impide su disfrute, impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, e incluye múltiples consecuencias, no sólo a nivel personal (sexual, psicológico), sino también a nivel social, en la medida en que afecta de forma negativa al bienestar de las mujeres y les impide su plena participación en la sociedad.  

    El ámbito de la Unión Europea, los datos indican que el 43% de las mujeres de los 28 Estados miembros de la UE han sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de un compañero sentimental a lo largo de su vida. También en España, el número de víctimas de violencia de género sigue incrementándose año a año; de hecho, en 2015 se ha producido un aumento del 2% respecto al año anterior, situándose la tasa en 1’4 por cada 1000 mujeres de más de 14 años. Resulta realmente preocupante el aumento de los porcentajes en mujeres de más de 50 años (un 17,6 % más que en 2014). 

     La erradicación de la violencia de género en nuestro país viene siendo uno de los logros a alcanzar desde hace décadas, básicamente desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004. Dicha Ley procura a las víctimas de violencia de género una atención especializada integral, que conforma a través de la concreción de medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención e diferentes ámbitos. No obstante, el aumento paulatino en el número de víctimas mortales por violencia de género ha supuesto la aprobación de una Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-2016), aprobada por el Consejo de Ministros de 26 de julio de 2013, como instrumento vertebrador de la actuación de los poderes públicos para acabar con la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
     Dado que la dependencia económica en uno de los aspectos que más inciden en la perpetuación de este tipo de violencia, el interés de nuestro estudio se centra en analizar cuáles son las políticas públicas que se están realizando por parte de los poderes públicos para incentivar la incorporación de las mujeres que sufren este tipo de violencia al mercado laboral.
     La erradicación de esta lacra social es un compromiso asumido ampliamente por las instituciones internacionales, estatales y autonómicas y deben analizarse las medidas que en el ámbito del empleo se están realizando actualmente para mejorarla. Las políticas públicas encaminadas a dotar a estas personas de un empleo, mejorando su formación y su formación, deben ser una de prioridad de nuestros Gobiernos, central y autonómico.
Tomando como punto de partida la lucha de la Unión Europea contra la violencia de género, se realiza un análisis de las políticas públicas de apoyo a la inserción laboral de las personas que sufren este tipo de violencia. Para ello se define el concepto de violencia de género desde un punto de vista legal, extraído de las normas estatales y autonómicas que regulan esta materia y se concretan los criterios para su acreditación a efectos de acceder a las políticas públicas para el fomento del empleo, diseñadas tanto a nivel estatal como por las Comunidades Autónomas.
     Del análisis efectuado se desprende que, como regla general, la actual política de empleo estatal adolece de imperfecciones que afectan a todos los colectivos con especiales dificultades en el acceso al mercado laboral, y no solo a las mujeres que sufren violencia de género. Bien es verdad que, en algunos casos, el legislador está siendo más proclive a regular medidas eficaces para la inserción laboral, como es el caso de los jóvenes o los discapacitados, pero en general, la actual política de empleo, debe ser revisada, máxime a la luz de las últimas reformas y de la introducción de la Estrategia de Activación para el Empleo, como nuevo instrumento de coordinación de las mismas, que hasta el momento, no está ofreciendo respuestas a los problemas aplicativos que se planteaban con la Estrategia de Empleo.
     Resulta necesario un cambio radical en las políticas públicas de empleo, que tenga en cuenta los objetivos y los compromisos adoptados a nivel nacional e internacional en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Una opción acertada sería aprovechar los Planes anuales de recuperación económica para reforzar los derechos de las mujeres, en general, y de las que sufren violencia de género, en particular, e incluir la dimensión de la igualdad entre sexos en todas las facetas del marco financiero plurianual 2014-2020.
     Las Administraciones Públicas tienen un papel trascendental en la lucha contra la violencia de género. La legislación internacional obliga a los poderes públicos nacionales a adoptar acciones tendentes a eliminar la violencia contra las mujeres, reforzando la prevención contra posibles agresiones y ampliando la protección que debe prestarse a las víctimas actuales y futuras.
    Debe producirse un cambio en el concepto de “violencia de género” que dé cabida a más realidades, a la par que se modifican normas legales, como el artículo 30 LE, para hacer más visible a este colectivo en el marco de los programas específicos de empleo. Asimismo, debe reflexionarse sobre la necesidad de realizar una adaptación de las medidas dirigidas a la inserción laboral de estas mujeres a las especiales características de las mismas (edad, nacionalidad, nivel de cualificación o estudios, etnia, etc.).
    El empleo se configura como un elemento clave a la hora de permitir a la mujer obtener la independencia económica y personal que le permita salir de la situación en la que se encuentra, rompiendo así el vínculo que le une con su agresor. Se hace necesario introducir nuevos mecanismos que permitan una mejor conexión entre las políticas activas de empleo y las políticas pasivas, que aumenten la participación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el diseño de programas de inserción laboral dirigidos a colectivos con especiales dificultades y no sólo en la aplicación o ejecución de las diseñadas a nivel estatal. Acercar las políticas de empleo a los territorios en donde se encuentran las personas a los que van dirigidas pueden ser una opción que permita mejores resultados aplicativos, toda vez que la garantía de éxito de dichos programas dependerán de que sea posible detectar las necesidades de los desempleados y poner remedio a las carencias que les impiden acceder al mercado laboral.

María José Rodríguez Crespo

Universidad de Córdoba